“Seguimos indignados por los nuevos ataques a la democracia y a las víctimas del franquismo en la persona del magistrado Baltasar Garzón”

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“Atendemos con preocupación los pasos que, a raíz de la investigación de los crímenes del franquismo, el Tribunal Supremo ha dado contra el juez Baltasar Garzón, con oposición de una parte de la judicatura y de las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica. Como ciudadanos, queremos también mostrar nuestra inquietud por el hecho de que a los familiares de las oficialmente 130.000 víctimas del franquismo se les sustraiga en nuestro país el mandato de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de reconocimiento, de reparación y de justicia. La violación de los derechos humanos ha sido una desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han quedado impunes y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se les ha privado de la necesaria tutela judicial en los tribunales internos.
Los desaparecidos de las dictaduras constituyen una realidad dramática en países hoy democráticos, y, en algunos lugares, han perdido el derecho de defensa, en tanto que sus verdugos han quedado impunes para siempre. Sus familiares y las asociaciones que los amparan permanecerán por “demasiado tiempo ya” en la indefensión, mientras los tribunales no den cauce a sus demandas. Así lo reconoce el Tribunal europeo de Derechos Humanos de 16 de julio de 2009, para el cual “la ausencia” de búsqueda oficial de desaparecidos supone un trato cruel e inhumano considerando a éstos víctimas de tortura, como nos recordaba José Saramago y altos miembros de la judicatura, recientemente.
La Convención de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras organizaciones advierten a la comunidad internacional que han de perseguir los crímenes contra la humanidad en sus distintos territorios. Por ello nos ha llenado de orgullo que la justicia española haya abierto una gran brecha en la persecución de crímenes en otros países (Chile, Argentina, El Salvador, etcétera) cercanos. Sin embargo, ha callado de forma vergonzante acerca de la realidad de los crímenes en su propio país. No podemos recibir parabienes en el extranjero por nuestro sentido de la justicia en la tutela de esos hechos cometidos en el pasado, y asistir a la vez al vergonzante y penoso espectáculo de sentar en el banquillo a uno de los jueces más respetados en todo el mundo en esta tarea de dar voz a las víctimas del franquismo, acusado de prevaricación por un “pseudo sindicato” llamado “manos limpias” que ensucia nuestras esperanzas de una justicia democrática.
Mientras no se ampare e investigue la verdadera memoria de nuestro pasado y se restituya a todos los efectos la existencia y memoria de los que dieron su vida y libertad por ellas y por las de las generaciones actuales, seguirá con una asignatura pendiente nuestra justicia. Quienes se pretenden llamar “manos limpias”, amparados en esta ocasión, ellos sí, efectivamente, por altos tribunales, lejos de exigir sus responsabilidades, prefieren sentar en el banquillo a un hombre decente, capaz de poner el ejercicio de su profesión a la altura, teóricamente hablando, de nuestra democracia.
Por eso, nosotros también nos consideramos sentados en el mismo banquillo que el juez Garzón y estamos tristemente convencidos de que si la oblicua maquinaria puesta en marcha contra este magistrado avanza en el sentido que intuímos, asistiremos, en palabras de Manuel Rivas, “al kafkiano proceso de un tribunal que encausa, en carne, a la Justicia, sufriendo con ello nuestra Democracia el peor golpe desde el 23F”. Como también afirmaba José Vidal-Beneyto, “cuando frente a la violencia política el Estado de Derecho y sus expresiones emblemáticas, el Tribunal Supremo, entre ellas, son nuestra última trinchera, la operación antiGarzón ya no puede ser más dramática para la democracia española.
Es increíble que veamos en estos últimos tiempos actuaciones de jueces que han merecido la repulsa del conjunto de la sociedad, sin que por los tribunales y órganos disciplinarios de la judicatura éstos hayan merecido un solo reproche corporativo cuando se han lesionado derechos fundamentales de la persona. Por el contrario, el ejercicio profesional de un juez que cuenta con reconocimiento universal, hoy se enjuicia por algunos de sus compañeros, a quienes no parece que se aplique la misma vara de medir. No obstante, su presencia, ocurra lo que ocurra, como afirmó Ernesto Sábato, será donde se halle un peremne alegato de libertad y democracia frente a quienes se consideran impunes.”

CRISTINA ALMEIDA, JUAN GOYTISOLO, CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, PEDRO MARTÍNEZ MONTÁVEZ, MANUEL RIVAS, JOAN OLEZA, JORDI DAUDER, PACO IBÁÑEZ, JOSÉ VIDAL BENEYTO, FANNY RUBIO, IAM GIBSON, JOSE MANUEL CABALLERO BONALD, MATÍAS ALONSO BLASCO, ANTONIO MARTÍN, GLORIA WILHELMI, MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ARIAS, JAIME RUIZ Y CARMEN NEGRÍN.

Adhesiones: hemosconocidolanoticia@gmail.com

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Published in: on 17/02/2010 at 5:29 PM  Comments (1)  
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Manifiesto: En defensa de los derechos en Internet



Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia

Este texto se publica multitud de sitios web
. Si está usted de acuerdo, publíquelo también en su blog.

Published in: on 02/12/2009 at 4:20 PM  Comentarios desactivados en Manifiesto: En defensa de los derechos en Internet  
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