Ni acato, ni respeto, ni obedezco

Manifestacion apoyo a Garzón-Gijón

Como Gaspar Llamazares, Grândola, Ricardo Royo, Inés Sabanés, Tania Sánchez, Luis de Cairo, Àngels Martínez , Kabila , Ceronegativo y otros muchos ni acato, ni respeto, ni obedezco a una justicia que es manifiestamente injusta.

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Published in: on 15/05/2010 at 12:22 PM  Comments (3)  
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Carta abierta a Luciano Varela

 

sello

Sr. Varela:

Le dirigimos esta carta porque como ciudadanos asistimos perplejos a la causa abierta por usted contra el Juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. En este país han sido muchos los que con sacrificios, riesgos y renuncias –que no olvidos- trajeron la Democracia a este país.

Actitudes y comportamientos como el suyo nos hacen denunciar el uso perverso y mezquino que se hace de aquella generosidad y sacrificio de miles de personas.

Más allá de temas procesales en los que no vamos a entrar, no entendemos cómo es posible que primera persona juzgada por los crímenes cometidos durante la dictadura franquista sea el juez que se ha atrevido a mirar sin miedo nuestra terrible historia reciente.

Ignoramos si es usted consciente de la gravedad de los hechos que están sucediendo, si más allá del bochorno internacional, del que suponemos que es consciente, de la agria polémica, y de los graves precedentes que su actuación judicial puede crear, es capaz de explicar a los ciudadanos y ciudadanas de este país el porqué de su actitud.

Tampoco sabemos si es capaz de explicar a los familiares de las víctimas, de los desaparecidos y a los ciudadanos en general de este país, que aspiran a vivir en paz en un país democrático y digno, qué ha ocurrido . Por qué ellos no tienen derecho a saber , a recuperar los restos de sus seres queridos y darles digna sepultura. Así como conocer qué pasó y quiénes fueron los responsables. No sabemos si es capaz de explicarles en lenguaje de la Justicia de verdad – que todos sabemos interpretar – las razones para que adopte estas inexplicables e injustas decisiones y para que- además – persista en ellas.

Lo que sí sabemos, es que nos debe una explicación. Que tenemos derecho a exigírsela, porque más allá de la independencia judicial, está nuestro derecho a saber, y a no resignarnos ante lo que nos parece una vergüenza histórica que nos lleva a las épocas más oscuras de la historia española.

Sr Varela, más allá de cuál sea su relación con Garzón, e incluso más allá del propio Garzón, estamos hablando de Justicia, de Dignidad, de Verdad, del nuestro futuro como país, y le exigimos, por tanto, que rectifique y ponga punto final a esta locura.

Sr Varela lo que está en juego es mucho, no deje que sus pequeñas miserias le cieguen. No haga oídos sordos a lo que es un clamor en la calle. Nosotros/as, en reivindicación de la plena condición de ciudadanía con derechos a nuestra activa participación y a exigir respuestas también a la Justicia , le advertimos que no vamos a permitírselo.

Queremos Justicia para las víctimas del franquismo.

NOTA MUY IMPORTANTE:

Con casi toda probabilidad  Baltasar Garzón será inhabilitado por investigar los crímenes de franquismo. No podemos permanecer impasibles. Hemos redactado esta carta abierta al Juez Luciano Varela. Si estás de acuerdo con su contenido, escribe en un comentario a esta entrada tu nombre apellidos y DNI y se la haremos llevar por email, con todas las firmas, al Tribunal Supremo. Las firmas no se publicarán automáticamente, sino que iremos añadiéndolas a medida que se reciban. Borraremos todos los comentarios que no sean firmas para la carta. Si quieres expresar tu opinión, te ofrecemos este espacio para hacerlo. Además, te animamos a que participes en todas las iniciativas que están surgiendo contra la impunidad. Es importante.

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Published in: on 14/05/2010 at 9:19 AM  Comments (3)  
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La izquierda judicial y el procesamiento del Juez Garzón

justicia

Uno de los argumentos que se están utilizando para criticar a aquellos que estamos en contra del procesamiento del juez Baltasar Garzón es nuestra ignorancia en materia legal. Parece ser que las leyes no se basan en el sentido común y sólo pueden ser interpretadas y entendidas por los que cuentan con una “sólida formación jurídica”. Para avalar esta crítica se utilizaba la aparente coincidencia de los llamados sectores progresistas y conservador en las actuaciones contra Garzón.

Confieso que el clamoroso silencio de algunos grupos y organizaciones de jueces me hacía dudar sobre la razón jurídica y me llevaba a pensar que las leyes tienen muy poco que ver con la auténtica Justicia, la que debe actuar como salvaguarda de la dignidad humana.

Pero ese silencio se ha roto por fin. Antonio Baylos publica en su blog un manifiesto contra el procesamiento de Garzón, firmado por Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, MEDEL y la Federación Latinoamericana de Jueces para la Democracia, que paso a transcribir:

 

EN LA TRADICIÓN DE JUSTICIA DEMOCRÁTICA.

Justicia Democrática nació bajo la dictadura franquista como una organización de profesionales de la justicia que propugnaba la instauración de un régimen democrático y la devolución de los derechos y libertades a la sociedad, único marco posible donde podría desenvolverse una justicia garantista, democrática, capaz de proveer tutela efectiva a los derechos y libertades ciudadanas. En este proyecto Justicia Democrática compartió espacio y solidaridad con todos aquellos que luchaban por idénticos valores, arriesgando su vida, su libertad y sus posibilidades de desarrollo profesional.
De aquel proyecto surgieron iniciativas ulteriores que desembocaron en Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. La lucha por la democracia y las libertades públicas se inscribe en nuestra tradición y da nombre a nuestras asociaciones. El apoyo y la solidaridad con las víctimas de los crímenes y de la represión franquista constituye una parte esencial de nuestras señas de identidad.
Desde la recuperación de las libertades, en el esquema del Estado constitucional de derecho, las asociaciones que recogieron la herencia de Justicia Democrática hemos tratado de profundizar en los valores constitucionales y democráticos que estuvieron en el origen de nuestra aparición.
La sociedad española ha progresado desde entonces de modo notable. Pero todavía subsisten algunos temas pendientes como consecuencia del olvido del pasado. La democracia no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la represión de la dictadura, hasta el extremo de que convivimos con la vergüenza de miles de personas cuyos restos permanecen indignamente enterrados en fosas comunes o cuya suerte y su paradero es desconocido por sus familiares. A nivel judicial ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autoría de tan horrendos crímenes. Este drama, una vergüenza nacional y una verdadera excepción en nuestro ámbito, resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países, mientras miraba hacia otro lado respecto a los crímenes cometidos en España. La ley de memoria histórica parte del reconocimiento de esa deuda, pero no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, como así fue denunciado por aquellos a quienes se dirigía.
En este contexto se produce el intento de investigación del juez Garzón, que fue promovido por las asociaciones que agrupaban a las víctimas y a sus familiares, hasta entonces en el desamparo. Se trataba de una investigación arriesgada, como lo fueron los procesos seguidos contra Pinochet por los crímenes de la dictadura chilena y otras causas por crímenes internacionales –algunas de ellas iniciadas por la acción de la Unión Progresista de Fiscales-, pues suponía irrumpir en un espacio hasta entonces vedado para la jurisdicción. Pero, como en aquellos casos, la investigación respondía a requerimientos del derecho internacional, a la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la comunidad internacional, a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la necesidad de abrir nuevos espacios para la persecución jurisdiccional de esas ofensas. Esta imaginación creativa, que consideró inaplicables las leyes de punto final y obediencia debida y sirvió para asumir la competencia de la jurisdicción (universal) española, permitió sentar en el banquillo a dictadores y torturadores, genocidas, criminales de guerra y de lesa humanidad, iniciando una nueva etapa en la historia de los derechos humanos y su afianzamiento universal. La competencia de la Audiencia Nacional para investigar y enjuiciar tales hechos fue también objeto de un intenso debate jurídico.
Cuestionar la ley de amnistía con base en el derecho internacional que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales no puede ser un hecho delictivo, porque entra en la función del juez como intérprete de la legalidad ponderar las normas que debe aplicar, aún mas cuando se hallan en conflicto como aquí ocurre, y determinar la que considera aplicable para mejor hacer efectivos los valores constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
Hoy se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo y defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos y que de alguna manera, se quiera o no, simbolizaba esa conquista civilizatoria, al tiempo que se rompe con valores constitucionales y se ponen en cuestión los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por el Estado español. Esa decisión constituye, para los que compartimos idénticos principios, un hecho doloroso e injustificable, en cuanto significa el resurgir de (des)valores que siempre hemos rechazado, además de quebrar con nuestra cultura de la legalidad y de la posición del juez en el Estado constitucional de derecho.
Madrid, 8 de abril de 2010.

 
Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, MEDEL, Federación Latinoamericana de Magistrados.

Javier Martínez Lázaro (magistrado), Manuela Carmena (magistrada), José Antonio Martín Pallín (magistrado del Tribunal Supremo), Ramón Sáez (magistrado), Amaya Olivas (juez), José Ricardo de Prada (magistrado), Tania Chico (juez), Antonio Gil Merino (magistrado jubilado), Fernando Andreu (magistrado), Edmundo Rodríguez Achútegui (magistrado), Begoña López Anguita (juez), Mario Pestana (magistrado), Luis Carlos Nieto (magistrado), José María Mena (fiscal jubilado), Celima Gallego (magistrada), Carlos Marigorta (juez), Monserrat Comas (magistrada), Jorge Guillén Olcina (magistrado), Juan Romeo (magistrado), Esther González (magistrado), Gregorio Álvarez (magistrado), Clara Penín (magistrada), Raquel Amado Pico (fiscal), Miguel Ángel Pérez (juez), Emilio Sánchez Ulled (fiscal, Presidente Upf), Francisco Javier Pérez Ruiz (fiscal), José Mª. Fernández Seijo (magistrado), Ximo Bosch (juez), Carlos Jiménez Villarejo (fiscal de Sala del Tribunal Supremo jubilado), Ignacio González Vega (magistrado), José Jiménez Villarejo (magistrado del Tribunal Supremo jubilado), José Joaquín Pérez Beneyto (magistrado), Carlos Castresana (fiscal en excedencia), Blas Alberto González Navarro (magistrado), María Moretó Matosas (fiscal), Ignacio Fernández Soto (magistrado), Carmen Sánchez-Albornoz (magistrado), Pedro Benito López Fernández (magistrado), Mercedes del Molino (magistrado), Ricardo Bodas (magistrado), José Manuel Buján (Magistrado), Francisca Arce (Magistrada), Antonio Seoane (Magistrado), Carlos Urbano Garzón (Fiscal), Miguel Angel Aguilar Gacia (Fiscal), Heriberto Asencio (Magistrado), Vito Monetti (Presidente de MEDEL), Gerónimo Sanso (Presidente de la Federación Lationamericana de Jueces para la democracia), Jordi Agusti (magistrado del Tribunal Supremo), Carlos López Keller (magistrado jubilado), Pablo Aramendi (magistrado), Antonio Doñate (magistrado), Maria Antonia Lozano (magistrada).

Published in: on 10/04/2010 at 10:00 AM  Comments (2)  
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CC.OO. y UGT con el juez Baltasar Garzón

Baltasar Garzón

DECLARACIÓN DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) Y COMISIONES OBRERAS (CCOO) EN APOYO DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN.

La actuación del Juez Garzón en la instrucción de la histórica causa contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado contra la legalidad constitucional republicana en julio de 1936 y la guerra civil y la posguerra perseguía buscar a las personas desaparecidas y recuperar sus restos mortales de las personas asesinadas; y verificar los hechos y la relevación pública y completa de la verdad, procurando una declaración oficial o decisión judicial que restableciera ante tales crímenes, la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto; compatibilizando la actuación judicial penal con la Ley de la Memoria Histórica, en interés siempre de las víctimas.
El Tribunal Supremo en lugar de resolver los recursos y cuestiones de competencia pendientes en relación a la causa contra los crímenes del franquismo, que tienen una evidente trascendencia histórica, social y jurídica, ha admitido querellas interpuestas por grupos ultraderechistas alegando una presunta prevaricación del Juez Garzón en su investigación sobre los crímenes del franquismo, consistentes en el plan sistemático y preconcebido de eliminación o exterminio de oponentes políticos, muchos de ellos por su condición de sindicalistas.
Las querellas interpuestas ante el Tribunal Supremo persiguen injustamente al Juez Garzón también por otras actuaciones judiciales, como la instrucción de los graves delitos de corrupción política del caso Gürtel.
Por otra parte en las actuaciones del órgano de gobierno de los jueces respecto al juez Garzón parecen estar pesando razones extrajudiciales.
Considerar que un Juez comete delito de prevaricación porque se disiente de su criterio jurídico, que está motivado y fundado, compromete gravemente el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial; y la persecución del Juez Garzón cuestiona la consideración de la Justicia en la sociedad española, y también en el ámbito internacional.
Los impedimentos jurídicos que se sostienen por algunos para hacer inviable la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo, hubieran hecho imposible también el Proceso de Nüremberg contra los criminales nazis.
Nadie puede pretender erigirse en garante de la legalidad del Estado social y democrático de Derecho en el que vivimos, amparando vulneraciones de la memoria histórica y favoreciendo la impunidad de la corrupción política.
La especial gravedad de estos hechos, relacionada con el contenido esencial de la democracia en España nos obliga a CCOO y UGT a un pronunciamiento al respecto, porque afectan a la lucha antifranquista y a la memoria histórica de una parte, y a la persecución y castigo de la corrupción de otra.
Para UGT y CCOO ningún poder está libre de control en una sociedad democrática: tampoco la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ni el Consejo General del Poder Judicial.
CCOO y UGT quieren manifestar públicamente su solidaridad en estas horas con el Juez Garzón y el reconocimiento de su trayectoria ejemplar de defensa de los Derechos Humanos; y también exigimos al Tribunal Supremo que termine de manera inmediata la persecución injusta contra el Juez Garzón y que resuelva ya las cuestiones pendientes en su sede sobre la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo.

Madrid, abril de 2010

Published in: on 26/03/2010 at 8:24 PM  Comentarios desactivados en CC.OO. y UGT con el juez Baltasar Garzón  
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“Seguimos indignados por los nuevos ataques a la democracia y a las víctimas del franquismo en la persona del magistrado Baltasar Garzón”

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“Atendemos con preocupación los pasos que, a raíz de la investigación de los crímenes del franquismo, el Tribunal Supremo ha dado contra el juez Baltasar Garzón, con oposición de una parte de la judicatura y de las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica. Como ciudadanos, queremos también mostrar nuestra inquietud por el hecho de que a los familiares de las oficialmente 130.000 víctimas del franquismo se les sustraiga en nuestro país el mandato de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de reconocimiento, de reparación y de justicia. La violación de los derechos humanos ha sido una desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han quedado impunes y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se les ha privado de la necesaria tutela judicial en los tribunales internos.
Los desaparecidos de las dictaduras constituyen una realidad dramática en países hoy democráticos, y, en algunos lugares, han perdido el derecho de defensa, en tanto que sus verdugos han quedado impunes para siempre. Sus familiares y las asociaciones que los amparan permanecerán por “demasiado tiempo ya” en la indefensión, mientras los tribunales no den cauce a sus demandas. Así lo reconoce el Tribunal europeo de Derechos Humanos de 16 de julio de 2009, para el cual “la ausencia” de búsqueda oficial de desaparecidos supone un trato cruel e inhumano considerando a éstos víctimas de tortura, como nos recordaba José Saramago y altos miembros de la judicatura, recientemente.
La Convención de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras organizaciones advierten a la comunidad internacional que han de perseguir los crímenes contra la humanidad en sus distintos territorios. Por ello nos ha llenado de orgullo que la justicia española haya abierto una gran brecha en la persecución de crímenes en otros países (Chile, Argentina, El Salvador, etcétera) cercanos. Sin embargo, ha callado de forma vergonzante acerca de la realidad de los crímenes en su propio país. No podemos recibir parabienes en el extranjero por nuestro sentido de la justicia en la tutela de esos hechos cometidos en el pasado, y asistir a la vez al vergonzante y penoso espectáculo de sentar en el banquillo a uno de los jueces más respetados en todo el mundo en esta tarea de dar voz a las víctimas del franquismo, acusado de prevaricación por un “pseudo sindicato” llamado “manos limpias” que ensucia nuestras esperanzas de una justicia democrática.
Mientras no se ampare e investigue la verdadera memoria de nuestro pasado y se restituya a todos los efectos la existencia y memoria de los que dieron su vida y libertad por ellas y por las de las generaciones actuales, seguirá con una asignatura pendiente nuestra justicia. Quienes se pretenden llamar “manos limpias”, amparados en esta ocasión, ellos sí, efectivamente, por altos tribunales, lejos de exigir sus responsabilidades, prefieren sentar en el banquillo a un hombre decente, capaz de poner el ejercicio de su profesión a la altura, teóricamente hablando, de nuestra democracia.
Por eso, nosotros también nos consideramos sentados en el mismo banquillo que el juez Garzón y estamos tristemente convencidos de que si la oblicua maquinaria puesta en marcha contra este magistrado avanza en el sentido que intuímos, asistiremos, en palabras de Manuel Rivas, “al kafkiano proceso de un tribunal que encausa, en carne, a la Justicia, sufriendo con ello nuestra Democracia el peor golpe desde el 23F”. Como también afirmaba José Vidal-Beneyto, “cuando frente a la violencia política el Estado de Derecho y sus expresiones emblemáticas, el Tribunal Supremo, entre ellas, son nuestra última trinchera, la operación antiGarzón ya no puede ser más dramática para la democracia española.
Es increíble que veamos en estos últimos tiempos actuaciones de jueces que han merecido la repulsa del conjunto de la sociedad, sin que por los tribunales y órganos disciplinarios de la judicatura éstos hayan merecido un solo reproche corporativo cuando se han lesionado derechos fundamentales de la persona. Por el contrario, el ejercicio profesional de un juez que cuenta con reconocimiento universal, hoy se enjuicia por algunos de sus compañeros, a quienes no parece que se aplique la misma vara de medir. No obstante, su presencia, ocurra lo que ocurra, como afirmó Ernesto Sábato, será donde se halle un peremne alegato de libertad y democracia frente a quienes se consideran impunes.”

CRISTINA ALMEIDA, JUAN GOYTISOLO, CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, PEDRO MARTÍNEZ MONTÁVEZ, MANUEL RIVAS, JOAN OLEZA, JORDI DAUDER, PACO IBÁÑEZ, JOSÉ VIDAL BENEYTO, FANNY RUBIO, IAM GIBSON, JOSE MANUEL CABALLERO BONALD, MATÍAS ALONSO BLASCO, ANTONIO MARTÍN, GLORIA WILHELMI, MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ARIAS, JAIME RUIZ Y CARMEN NEGRÍN.

Adhesiones: hemosconocidolanoticia@gmail.com

Published in: on 17/02/2010 at 5:29 PM  Comments (1)  
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