La huelga general y un termo de café con gotas

Gerardo, García Salve y AlberdiEntre las diferentes posturas que se adoptaron ante la huelga general del 29 de Septiembre la que más me ha llamado la atención es la aquellos que, independientemente de cualquier valoración de la acción, decían que no iban a parar para no perder un día de salario. Esta actitud, a todas luces insolidaria, me ha traído a la memoria muchos actos de signo contrario que yo viví.

En Febrero de 1975 estaba detenido en la Comisaría de Gijón. Un Policía Armada de servicio en los calabozos me dijo: “Te han traído un termo con café ¿quieres tomarlo? Creo que tiene gotas…”. Al salir de la celda y, conveniente vigilado, tomar el café me di cuenta de que aquel líquido no era café con gotas de coñac, sino coñac con gotas de café. Yo sabía que el brebaje destinado a levantarme los ánimos venía de “Casa Florín”, un bar del barrio de El Coto que era lugar de encuentro del rojerío local, también sabía que era su forma de decirme: ¡No estas solo, estamos contigo!

En el mes de Abril de 1973 acababa de salir de la cárcel. Una noche llamaron al timbre de mi casa, a través de la mirilla vi a alguien meterse apresuradamente en el ascensor, después de comprobar que no había “sociales en la costa” abrí la puerta y me encontré con una bolsa que contenía arroz, aceite, garbanzos, lentejas, tocino, chorizo… Por los envoltorios supe que estaban comprados en el economato de la empresa de la que estaba despedido, pero además había una nota, una nota que decía “GRACIAS”; el que había dejado la bolsa a la puerta de mi casa no trataba de hacerme un favor, consideraba que tenía en deuda conmigo. Nunca supe quien tuvo ese gesto, pero estoy seguro de que fue alguno de los que años más tarde continuaron una huelga, después de conseguir una importante subida salarial, hasta lograr que fuéramos readmitidos todos los despedidos.

Ya sé que estas son historias antiguas, ya sé que este país ha cambiado mucho… pero no estoy seguro que todos los cambios hayan sido para bien.

NOTA: En la foto, tomada a la puerta de “Casa Florín”, estamos Gerardo Iglesias, García Salve (El cura Paco) y yo mismo.

Published in: on 03/10/2010 at 5:04 PM  Comments (4)  
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Que no, que no, paloma, no, que así que no trabajo yo

Pozo Samuño. Ciaño. Langreo. Según se acercaba la huelga general iba aumentado mi cabreo, creí que ya había leído y escuchado todo pero hoy, víspera del 29-S, la cosa todavía fue a más.

Esta mañana moví el dial de la radio de tertulia en tertulia y confirmé mi sospecha: ¡estamos ante la mayor ofensiva antisindical de la etapa democrática de este país! Para algunos los sindicalistas somos unos delincuentes, para otros unos aprovechados y para casi todos unos retrógrados que nos oponemos a la “modernización” de la economía.

Según la mayoría de estos “gurús mediáticos” la huelga es algo del pasado, del siglo XIX. Uno de ellos se preguntaba, sin que nadie le replicase, por el sentido de la huelga en unos tiempos en que mucha gente trabaja desde su casa y gran parte de las tareas en la fábricas las hacen los robots (!). Pero ¿en qué país creen ustedes que viven? O es que, ustedes tan listos, se creen todo que les cuentan…

No señores, no, ustedes son los retrógrados. Ustedes, al asumir y defender que la modernidad exige la liquidación de los avances y conquistas sociales, que la economía, con su “autorregulación”, es algo que se escapa a cualquier acción humana, están volviendo, no al siglo XIX sino al XVIII, a las teorías económicas del inicio de la era industrial.

 

Published in: on 28/09/2010 at 12:10 PM  Comments (5)  
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En defensa del sindicalismo

Asamblea de Barcelona

Como analistas universitarios en el ámbito de la Sociología del Trabajo y de las Relaciones Laborales, asistimos con preocupación a una campaña sistemática de deslegitimación del sindicalismo por parte de una derecha política y mediática que, si hasta hace poco impugnaba su estrategia dialogante y negociadora, tildándola de pactista y domesticada, ahora eleva el tono contra sus convocatorias reivindicativas y movilizadoras.

No se trata, lamentablemente, de reflexiones o propuestas sobre los efectos de la crisis económica y el cambio ocupacional en el mercado de trabajo, las relaciones laborales y los agentes que participan en las mismas; ni de una evaluación crítica de sus resultados, identificación de sus límites y elaboración de alternativas; sino de un discurso descalificador que, más allá de su sesgo ideológico y formas desabridas, apunta contra las bases mismas de la legitimidad constitucional de los sindicatos y sus funciones de regulación y defensa de los asalariados, en el marco de unas relaciones laborales asimétricas.

La combinación de viejos resabios reaccionarios con el doctrinarismo neocon genera una imagen distorsionada del sindicalismo real, caricaturizado como anacrónico, disfuncional, no representativo y muy alejado de sus homónimos europeos. Se trata de justificar así iniciativas y prácticas orientadas a reducir derechos y ampliar desigualdades sociales.

La realidad del moderno sindicalismo es, sin embargo, mucho más compleja y su análisis riguroso nos permite constatar tanto sus dificultades para la agregación e intermediación de intereses de una clase trabajadora cada vez más fragmentada y plural, como el importante proceso de renovación de sus estructuras, estrategias y programas de intervención que la mayoría de las instituciones europeas, e incluso de los empresarios, valoran positivamente.

A nivel europeo, sus casi 60 millones de afiliados, hacen del sindical el mayor movimiento organizado de la UE-27, cuyo protagonismo en la construcción y defensa del modelo social ha sido y sigue siendo decisivo, como reconocen todas las instancias comunitarias.

Según los últimos informes oficiales de la Comisión Europea, la tasa media de afiliación sindical es del 25,1%, porcentaje que se dobla a través de la representación electoral en los centros de trabajo y triplica por la cobertura de la negociación colectiva.

Cabe destacar, a este respecto, la existencia de una significativa correlación positiva entre los niveles de sindicalización y los de competitividad económica y cohesión social, como demuestra el caso de los países escandinavos, cuyo alto nivel de desarrollo tecnológico y productivo se corresponde con tasas de afiliación superiores al 70% y una participación sindical consolidada, tanto a nivel empresarial como institucional. Y es que, definitivamente, un sindicalismo fuerte no resta, suma.

Pese a su tardío reconocimiento legal (artículo 7 de la Constitución de 1978), el sindicalismo español ha realizado importantes aportaciones al desarrollo democrático, socioeconómico e institucional de nuestro país, habiendo experimentado en las dos últimas décadas una notable expansión cuantitativa y renovación cualitativa, con la consiguiente convergencia con los principales indicadores comunitarios en la materia: desde 1990 ha duplicado el número de afiliados, hasta superar ampliamente los tres millones de adscritos, lo que supone una tasa media del 19,9%, según la última encuesta del Ministerio de Trabajo.

Esta importante presencia afiliativa se complementa con la audiencia electoral que, según el marco legal regulador de las relaciones laborales en nuestro país, confiere a las elecciones sindicales en los centros de trabajo, la función de determinar la interlocución de los trabajadores y legitimar la representatividad de los sindicatos.

En la actualidad son alrededor de 340.000 los delegados elegidos en las empresas, representando directamente al 52,8% del total de la población asalariada (lo que equivale a más de ocho millones de personas), e indirectamente al conjunto de los trabajadores, conforme al procedimiento legal de irradiación electoral.

Así pues, la intervención del sindicalismo español acredita una legitimidad de origen incuestionablemente democrática, por cuanto son las elecciones las que determinan la representación legal de los trabajadores tanto en las empresas (para la regulación y seguimiento de las relaciones laborales en dicho ámbito), como a nivel sectorial (negociación colectiva) e institucional (diálogo social), lo que amplía considerablemente el área de influencia sindical.

En nuestro país la negociación colectiva es de eficacia erga omnes, lo que implica que la práctica totalidad de los trabajadores tiene reguladas sus condiciones laborales básicas por convenios negociados por los sindicatos representativos, lo que exige, entre otras cosas, una considerable inversión de recursos económicos y humanos: tales como los 26.000 expertos sindicales que intervienen anualmente en la negociación colectiva, los más de 100.000 delegados de salud laboral que se ocupan de la seguridad y prevención de riesgos en las empresas, los 340.000 delegados que asumen la interlocución y defensa cotidiana de los trabajadores dentro y fuera de sus centros, lo que refuerza la legitimidad de ejercicio de la función sindical.

Conviene precisar a este respecto, como réplica a la demagogia antisindical sobre los mal llamados liberados, que según la Encuesta Europea a Empresas de 2009, los recursos de representación a que tienen acceso los delegados sindicales españoles son muy inferiores a los de sus homólogos europeos, tanto en formación ad hoc como en la cantidad y calidad de la información que reciben de sus empresas y, especialmente, en el tiempo disponible para el ejercicio de sus funciones representativas que, en el caso español, es cuatro veces inferior a la media europea.

Consideramos pues que, más allá de insuficiencias concretas y posibles errores, el sindicalismo merece el reconocimiento general por su gestión cotidiana en defensa de los trabajadores y por su contribución institucional a la modernización de nuestras relaciones laborales, especialmente ahora cuando los estragos de la crisis hacen más necesaria que nunca su intervención para la agregación y representación de intereses, la gestión del conflicto y la recuperación del diálogo social, hasta el punto de que si no existieran, habría que inventarlos.

 

Pere J. Beneyto, Ramón Alós, Juan José Castillo, Carlos Prieto, Enric Sanchis, Pere Jódar, Antonio Martín, Fausto Miguélez, Albert Recio y Teresa Torns.

PROFESORES UNIVERSITARIOS

04/07/2010

Published in: on 27/09/2010 at 3:20 PM  Comments (1)  
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Señores gurús mediáticos: Parece ser que el 29-S, en mi barrio, hay una huelga.

cerrado por huelga

No se que dirán las encuestas pero en mi barrio hay ambiente de huelga general. Esta mañana la señora de la pequeña tienda en la que hago parte de la compra diaria me ha comunicado que el miércoles no abre: “Aquí todo el mundo va a cerrar, los de la panadería no van a trabajar y el frutero ya me avisó de que no repartía… así que yo también cierro”. Me explica que la gente está muy cabreada, en casi todas las casas del barrio hay algún parado y donde no hay paro hay “contratos de mierda”, que es su forma de llamar a los contratos precarios.

Después me informa que el Corte Inglés está amenazando con no volver a contratar a quien falte ese día al trabajo, que no sabe muy bien que hará el del comercio de la calle X, parece que es un poco facha; con la del quiosco seguro que no hay ningún problema, a ella también la despidieron hace años con “cuatro perres”…

La conversación acaba con un recado: “Dile a los de tu sindicato que se preocupen un poco más de los autónomos”.

¡Oído Comisiones!

Published in: on 24/09/2010 at 5:57 PM  Comments (1)  
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¿Por qué hay que hacer una huelga?

Se aproxima el 29 de Septiembre y los sindicatos se esfuerzan, nos esforzamos, para explicar las razones por las cuales hay que hacer una huelga general. A la contra juegan la mayoría de los medios de comunicación, cada día menos medios y más empresas de comunicación, que tratan de sembrar la confusión y sobre todo el desánimo entre los ciudadanos: la huelga es inútil, la reforma es inevitable, la huelga es para defender a los sindicatos y no a los trabajadores…

Más allá de la propia Reforma Laboral son muchos los motivos para, haciendo una huelga, gritar ¡ASÍ NO! La Secretaría de la Juventud de CC.OO. de Aragón en este vídeo de 11 minutos explica muy bien que esta huelga hay que hacerla porque tenemos razones, pero también por justicia.

Published in: on 20/09/2010 at 5:49 PM  Comments (2)  
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Digamos Así NO!

Published in: on 17/09/2010 at 12:21 PM  Comments (1)  
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Llamamiento de sindicalistas históricos de CC.OO. y UGT a la huelga General de 29-S

Lopez Bulla, Saborido...Nicolás Redondo, Julián Ariza, Antón Saracíbar, Nicolás Sartorius, José María Zufiaur, José Luís López Bulla, José María Romero, Eduardo Saborido, Miguel Ángel Ordóñez, Rafael Pillado, Suso Mosquera, Tomás Tueros, Carlos Trevilla y Antonio Montalbán.

El Gobierno, en contradicción con sus promesas electorales y sus declaraciones de no proceder a recortes de derechos sociales, ha adoptado una serie de medidas que entendemos lesivas para los trabajadores y otros colectivos sociales, así como para la recuperación de nuestra economía.
Somos conscientes de que nuestro país atraviesa una profunda crisis. La percepción que tenemos es que durante demasiado tiempo se ha producido un visible desajuste entre la gravedad de la situación y las medidas adoptadas para enfrentarla. La responsabilidad, en este aspecto, aunque no única, recae en el Gobierno, cuyo retraso en reaccionar ha sido grave. Tanto es así, que con la crisis ya declarada, el Gobierno adoptó una serie de medidas fiscales temerarias- eliminación del impuesto del Patrimonio, deducción de 400 euros y otras- que han agravado el déficit, mermado la capacidad inversora del Estado y su propio margen de maniobra ante la crisis. De otro lado, si bien es cierto que la crisis financiera y sus efectos tienen dimensión internacional y origen en los EE.UU, no es menos cierto que nuestra crisis inmobiliaria y de modelo productivo estaba pronosticada desde hace años, sin que se adoptaran medidas enérgicas para corregir una deriva que, al final, nos ha llevado a esos más de 4 millones de parados. Crisis inmobiliaria que tuvo su origen en gobiernos de la derecha pero que nadie quiso o pudo atajar a tiempo.
Ha sido necesaria la presión de las instituciones de la UE y otras, ante la puesta en cuestión de la solvencia de nuestro país por los mercados financieros, para que se precipitaran aquí medidas drásticas- y nos tememos que improvisadas- todas ellas, de momento, en perjuicio de los sectores populares y, en consecuencia, desequilibradas. Al impulso de tales decisiones se ha subordinado totalmente la reducción del paro a la reducción del déficit, siempre desde el recorte del gasto y la inversión, sin afectar para nada a los que más tienen y aumentando el IVA, que pagan por igual los pudientes que las rentas modestas. Déficit que, sin duda, hay que combatir pero sin sacrificar la recuperación de la economía y, sobre todo, de manera equitativa. El problema de España no es que se gasta demasiado sino que se recauda demasiado poco, pues tenemos una presión fiscal 7 puntos por debajo de la media europea y 11 con relación a los países más avanzados. Si sacrificamos la inversión y el consumo corremos el riesgo de estar años sin crecer lo suficiente y la situación de desempleo se agravará aún más. No podemos olvidar que la peor situación es aquella en que se realizan drásticos ajustes fiscales al tiempo que no llega el crédito del sistema financiero. En este sentido, sorprende el que un Gobierno como el actual haya decidido hacer este tipo de ajuste porque, en nuestra opinión, hay otras opciones menos traumáticas frente a la crisis y, desde luego, más equitativas.
Dicho lo anterior, es preciso destacar que las medidas tomadas tanto en España como en los demás países de la UE se inscribirían en una lógica que, de no combatirse, conducirían a la idea de que para competir en los mercados globales Europa tiene que recortar su Estado de Bienestar. Tal idea no es nueva y se presenta con fuerza cada vez que hay una crisis económica, cuando se pretende presentar como criterios de la ciencia económica lo que no es más que vieja ideología conservadora de sobrada insolvencia. Lo peligroso de un periodo como el actual es que en él concurren la hegemonía política de la derecha en casi toda Europa y la falta de un proyecto claro de la izquierda, lo que hace temer que esta vez los recortes pueden ser, si no lo evitamos, además de profundos de difícil arreglo. Y especialmente delicado en el caso de España donde contamos con una derecha que no sólo no ha hecho nada para salir de la crisis sino que acentuaría el carácter anti-social de las medidas.
Sabemos que, precisamente para salvar el estado del Bienestar, es necesario introducirle reformas. En Europa y en España hay que aumentar la productividad, reformar la empresa, modernizar el aparato productivo. Pero todo esto no se hará en contra de los que tienen que aplicar las reformas, ¿alguien cree que se puede aumentar la productividad de una economía basada en la innovación, reduciendo salarios y recortando derechos sociales?. Queremos llamar la atención de que además de ser radicalmente injusto que la crisis la paguen los que no han tenido ninguna responsabilidad en ella, mientras que aquellos que la han tenido toda solo reciben ayudas y subvenciones, es absurdo pretender mantener el modelo social europeo sin una fiscalidad suficiente que grave a las rentas, beneficios y capitales más altos. Las gravosas deudas de hoy son las insuficiencias fiscales de ayer.
Siguiendo en el campo de las reformas ahí está, como ejemplo, lo que se ha venido haciendo desde mediados de los años 90 con la puesta en marcha del Pacto de Toledo sobre las pensiones, que era un ejemplo de sensatez. Lo rechazable ahora, es que se tomen unilateralmente medidas desproporcionadas y que se rompan marcos de diálogo y participación de los agentes sociales, como ha ocurrido con una decisión tan torpe políticamente como injusta socialmente, esto es, la congelación de las pensiones para el 2011. Congelación que no contribuye para nada a reducir el déficit, cuenta con la oposición de la mayoría del Parlamento y deja en manos de la derecha una baza importante.
Respecto de la reforma laboral, tras la experiencia de más de sesenta modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, algunas tan profundas como las de 1984, 1994 y 2002, su virtualidad ha sido y será prácticamente nula para la generación de empleo pues, de entrada, facilita y abarata los despidos, aumenta el poder de disposición de las empresas sobre la mano de obra, debilita a los sindicatos y hace retroceder el papel del Estado en su función de tutelar las condiciones de vida y de trabajo. El mercado de trabajo es consecuencia del modelo productivo y no al revés. Mientras éste no cambie aquel no se estabilizará.
No es casual que, en este contexto se haya recrudecido, en abundantes plataformas de opinión, la campaña de desprestigio de los sindicatos. Al fin y al cabo son la principal fuerza social que, a pesar de todo, sigue teniendo capacidad para oponerse a estas medidas tan desequilibradas. Sobre los sindicatos recae, a fin de cuentas, buena parte de la responsabilidad de mejorar el modelo social europeo y contribuir a equilibrar la política que emana de las instituciones de la UE. Convendría que las fuerzas progresistas no olvidaran que sólo desde la movilización social a nivel europeo la izquierda retomara el pulso y la capacidad de llevar adelante un proyecto más justo socialmente y económicamente más eficaz. No nos estamos jugando un ajuste para paliar el endeudamiento de un país sino evitar un retroceso histórico de conquistas y derechos de los ciudadanos europeos. No se trata de permanecer estáticos sino de reformar para mejorar y salir de la crisis.
Desde la conciencia de que esto es así, en la convicción de que puede corregirse tal deriva y con la experiencia de que para conseguirlo es necesaria la movilización social, quienes suscribimos este documento — personas que asumimos, en su día, responsabilidades en la lucha de las CC.OO. y UGT durante la dictadura franquista, en el tránsito pacífico a la democracia y en el devenir del movimiento sindical durante el periodo democrático– hacemos un llamamiento a trabajadores y ciudadanos para que participen en las movilizaciones acordadas en unidad por los sindicatos y en la huelga general del día 29 de septiembre. Acción que persigue el objetivo de hacer rectificar la política económica del Gobierno, lesiva para los derechos de los trabajadores, haciéndola coincidir con la jornada de movilizaciones a escala europea convocada por los sindicatos de la CES, pues es en ese espacio, donde se libra la gran tarea de salir de la crisis y mejorar el estado del bienestar. Nos jugamos todos mucho.
Madrid, 7 de septiembre de 2010

Published in: on 10/09/2010 at 5:07 PM  Comments (3)  
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Reforma laboral. En la práctica ¿de qué estamos hablando? (y 3)

Toxo y Cándido Con esta entrada concluyo la transcripción de algunos ejemplos prácticos de la aplicación de la Reforma Laboral. Debo aclarar que con el trámite parlamentario algunos de estos casos pueden variar, es decir: PUEDEN EMPEORAR.

 

Una empresa considera que la evolución de los mercados determinará que sus productos dejarán de ser competitivos al no poder hacer frente, en el futuro, a los de la competencia exterior. Ante ello se plantea dejar de producirlos y acudir al despido de los trabajadores por causas productivas.

ANTES DE LA REFORMA: El despido siempre era injustificado, por cuanto:

1.- La empresa no presenta una situación de dificultad actual, ni un problema actual de viabilidad, sino meramente futuro.

2.- Además, se consideraría que no era posible acreditar los problemas de viabilidad, lo que no puede depender de meras conjeturas sobre la evolución futura de los mercados.

CON LA REFORMA LABORAL: Al reconocer el despido preventivo, el despido se consideraría justificado al entender que:

1.- Aunque los problemas no sean actuales, sino que se contemple como una posibilidad en el futuro, es causa de despido pues lo admite expresamente la ley.

2.- Ya no es posible entender que se precisan probar las dificultades de forma concluyente, sino que son posibles la conjeturas de futuro al admitirse por la ley esa posibilidad.

Un trabajador tiene un contrato de fomento de la contratación indefinida y la empresa ha decidido despedirlo aunque no tiene razones legales para ello. Al ser un contrato de fomento, la indemnización por despido objetivo improcedente es de 33 días de salario por año de servicio, inferior al despido disciplinario improcedente que serían 45 días.

ANTES DE LA REFORMA: Las empresas despedían con la modalidad de despido disciplinario reconocido improcedente, pues aunque pague una indemnización de 45 día por año, no tiene que abonar salarios de tramitación. Además, no se expone a que los defectos de forma en la comunicación del cese generen la nulidad, es decir, la readmisión obligatoria del trabajador.

CON LA REFORMA desaparecen los obstáculos para el despido objetivo improcedente con indemnización rebajada y sin salarios de tramitación, pues los defectos de forma ya no generan la nulidad. Adicionalmente, para los nuevos contratos, obtiene beneficios adicionales pues el ministerio reconocerá una subvención a estos ceses para los contratos realizados con posterioridad a la reforma laboral.

La empresa lleva a cabo un despido objetivo sin cumplir el plazo de preaviso, sino dándole efectos desde el mismo día de entrega de la carta.

ANTES tenía que abonar, además de la indemnización por despido, la cantidad equivalente a 30 días de salario, que corresponden a los días de preaviso omitidos.

CON LA REFORMA, sólo tendría que abonar la cantidad de 15 días. Supone por tanto una rebaja de los costes del despido para el empresa, y por ende, de los derechos económicos del trabajador ante el cese.

Un convenio de sector fija un salario medio para los trabajadores de 1.450 euros, lo que una empresa considera excesivo y pretende implantar un salario inferior.

ANTES DE LA REFORMA: el acuerdo de los representantes tenía que ajustarse a lo que estableciera el convenio del sector, que debería regular el mecanismos del descuelgue, fijando elementos objetivos muy concretos para considerar si se podía o no llevar a cabo esa rebaja salarial. Además, en el nuevo salario la comisión Paritaria se reservaba la posibilidad de emitir informe vinculante o no.

CON LA REFORMA LABORAL: La empresa puede alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores, y la única razón que tiene que concurrir es que la aplicación del salario podría dañar la situación o las perspectivas de la empresa, es decir, ni siquiera tiene que acreditar la empresa un daño actual. En la práctica, es poco menos que imposible que un órgano judicial anule ese acuerdo pues las perspectivas de la empresa no precisan de una prueba concluyente, y se basan en una mera conjetura que en muy pocos casos se puede descartar.

 

Vuelvo a preguntar: ¿No hay motivos más que suficientes para una huelga general?

Published in: on 30/08/2010 at 5:36 PM  Comments (1)  
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Reforma laboral. En la práctica ¿de qué estamos hablando? (2)

Pino y Justo Siguiendo con las consecuencias prácticas de la Reforma Laboral transcribo otros dos ejemplos extraídos del análisis realizado por Francisco Gualda, perteneciente al  Gabinete de Estudios Jurídicos de Comisiones Obreras. Este y otros muchos documentos y estudios pueden encontrarse en la Web de la Fundación 1º de Mayo.

Si se observa algún error u omisión es sólo achacable al amanuense.

 

Una empresa con 200 trabajadores en la que la cuenta de resultados ha ofrecido pérdidas de 50.000 euros en un año, pretende el despido de 25 trabajadores de un concreto departamento, como vía para reducir costes. Se trata de un despido colectivo por afectar a más del 10% de la plantilla, lo que requiere de un Expediente de Regulación de Empleo.

ANTES DE LA REFORMA: Si sólo invoca las pérdidas, sin ningún elemento adicional, el despido no estaba justificado y no podía ser autorizado por la Administración, por las siguientes razones:

– No acompaña un plan de viabilidad, o al menos no justifica de forma objetiva como se va a recuperar la viabilidad de la empresa.

– Tampoco acredita como los despidos van a repercutir en esa recuperación.

– Tampoco acredita que no existan otras posibilidades, como la reorganización del departamento o el cambio de funciones, para conseguir la recuperación de la empresa, en lugar de acudir al cese de los trabajadores.

Ello determinaba que al no ser autorizado, los trabajadores no podían ser cesados, y tenían garantizado el mantenimiento de su puesto de trabajo sin que fuera posible que la empresa pudiera despedir abonando una indemnización.

Sólo por la vía del acuerdo con los representantes era posible la extinción, normalmente incluyendo mejoras sustanciales en materia de recolocación, planes de jubilación, indemnizaciones por encima de la legal y mejoras sociales.

CON LA REFORMA LABORAL: Desaparecen las dificultades que tenían la empresa para declarar justificado el cese, al ser el mismo un efecto automático de las pérdidas, por lo que concurre la causa del cese.

La única justificación que tiene que dar es que el despido sea “mínimamente razonable”, lo que es un criterio que deja en manos del empresario la decisión, e imposibilita un control judicial efectivo de la selección y número de trabajadores afectados.

Los despidos se consideran justificados. Ello supone que los trabajadores fijos pueden ser cesados, y la indemnización que percibirán será notablemente inferior a la que correspondería en caso de despido improcedente.

Una empresa ha llevado a cabo un estudio de su departamento de producción, por el cual considera que encargando la gestión a una empresa especializada ahorra costes. Ante ello plantea el despido de todos los trabajadores para externalizar la actividad con una contratista.

ANTES DE LA REFORMA: Aunque la externalización de la actividad ahorre costes y mejore el beneficio empresarial, no es causa de despido por las siguientes razones:

1.- No se cuestionaba la viabilidad de la empresa ni su continuidad.

2.- No tendían problemas actuales, sino simplemente mejoras en su funcionamiento.

3.- No acredita que las mejoras no las pueda obtener por otras vías: recolocación de trabajadores, formación o cualificación, etc.…

Por ello el despido no estaba justificado.

CON LA REFORMA LABORAL:Se legaliza dicha actuación de la empresa por las siguientes razones:

1 – No es preciso que la empresa tenga problemas de funcionamiento, sino sólo que se generen mejoras en su organización productiva.

2 – La reducción de costes, o el aumento de los beneficios, sin duda mejoran la situación de la empresa.

3 – Las causas para despedir se definen en la Ley de la misma forma que las necesarias para cambiar la organización empresarial.

Por ello los despidos pasarían a declararse justificados. Ello supone que los trabajadores fijos pueden ser cesados, y cobrarían una indemnización notablemente inferior a la del despido improcedente.

 

Como se puede observar en estos ejemplos práctico estamos ante una reducción de la garantía de la estabilidad en el empleo que afecta a TODOS LOS TRABAJADORES FIJOS DE LAS EMPRESAS. No es cierto, es absoluto, que la reforma sólo afecte a los nuevos contratos.

Published in: on 27/08/2010 at 7:00 PM  Comments (1)  
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Se acaba el verano y se acerca la huelga

Huelga General Este mes de Agosto he viajado mucho. Sin moverme de casa, visité Atenas y Estambul de la mano de Petros Márkaris, hice un par de salidas al Vigo de Domingo Villar, regresé a Celama, el reino de Luis Mateo Díez, y hasta fui invitado a conocer Murcia por Jerónimo Tristaste.

Pero uno no puede evitar el recaer constantemente en ese trasnochado y retrógrado vicio del sindicalismo. Confieso que en la última recaída ha tenido una notabilísima responsabilidad Celestino Corbacho, cada vez que abre la boca este señor dan ganas de hacer una huelga general…

Se acaba el verano y se acerca el 29 de Septiembre, así que no está de más volver a leer el Manifiesto de CC.OO. y UGT:

 

Las Confederaciones Sindicales de CCOO y UGT hemos adoptado la decisión de iniciar un proceso de movilizaciones, que culminará con la celebración de una huelga general el próximo 29 de septiembre, para expresar el contundente rechazo de los trabajadores y trabajadoras de este país a las políticas de recortes sociales y supresión de derechos de los trabajadores decretadas por el Gobierno, bajo el amparo y excusa de directrices europeas.
El Gobierno español y los europeos han defraudado a los ciudadanos a quienes representan. Los brutales ajustes económicos que se están adoptando como terapias de choque para salir de la crisis económica son injustos socialmente, regresivos laboralmente y equivocados económicamente porque comprometen las posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleo.

El Gobierno español, además, se ha enmendado a sí mismo provocando un giro radical en su política económica y social, que ahora se orienta de forma clara, en primer lugar, a un severo recorte del gasto público que recae fundamentalmente sobre las espaldas de los trabajadores y de los pensionistas. En segundo lugar, a una reducción de la inversión pública que frenará el crecimiento económico y la creación de empleo, y que tendrá como principales víctimas a los trabajadores en paro, y, en tercer lugar, impone una reforma laboral que elimina derechos de los ciudadanos en sus puestos de trabajo.

MANIFIESTO

Tras una actuación irresponsable de las organizaciones empresariales, centradas exclusivamente en obtener réditos en el abaratamiento de las condiciones de trabajo y el debilitamiento de los trabajadores, el Gobierno ha optado por una desregulación laboral que puede continuar con otros recortes sociales y laborales.

La reforma laboral
  • No servirá para crear empleo.
  • No reducirá la dualidad del mercado laboral y aumentará la temporalidad.
  • Facilita y abarata el despido, porque se amplían las causas para hacerlo más fácil y se reducen los derechos indemnizatorios de los trabajadores.
  • Refuerza el poder empresarial para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo (horarios, movilidad geográfica, funcional…).
  • Debilita la negociación colectiva, facilitando a las empresas la adopción de medidas de descuelgue salarial e inaplicación de compromisos adquiridos previamente en los convenios colectivos.
  • Privatiza la gestión del desempleo y amplía el campo de actuación de las empresas de trabajo temporal a los sectores de riesgo y al empleo público.

En definitiva, el Gobierno ha puesto el poder del Estado al servicio de quienes exigen “flexibilidad” en el mercado de trabajo, y aún así consideran esta reforma insuficiente, porque en realidad no quieren más flexibilidad, la quieren toda. Cuando se exigen menos cotizaciones sociales, menos coste del despido, menos tutela judicial, menos negociación colectiva, menos regulación de la contratación, lo que se está reclamando en realidad es la absoluta desregulación del mercado de trabajo, o la aplicación en este ámbito de las políticas neoliberales que han fracasado estrepitosamente en los mercados financieros, que son la causa de esta crisis y que nos abocarían a una tercermundización laboral.
Rechazamos las políticas practicadas por los gobiernos de la Unión Europea al dictado de los mercados financieros, los causantes de la crisis, y que ahora plantean las políticas de ajuste a costa de reducir las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía europea.
Una economía que no crea empleo no sirve a los ciudadanos, y unos gobiernos que actúan contra sus intereses tampoco. Las organizaciones sindicales no estamos dispuestas a aceptar políticas que se nos presentan como las únicas posibles, basadas en un determinismo falso, y que no son más que opciones del inmovilismo y la resignación.
Hay otras opciones y otras políticas. Es necesario apostar por una Europa más social, en la que las negociaciones sociales dejen de estar sometidas a las fuerzas del mercado. Y en España, UGT y CCOO convocamos una huelga general el 29 de septiembre para exigir:

  • Una política que reduzca el déficit público mediante el incremento de los ingresos y no mediante la reducción del gasto, y que planifique el cumplimiento de los objetivos de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea en plazos compatibles con la reactivación económica y la creación de empleo.
  • La retirada de una reforma laboral lesiva que facilita el despido y empeora las condiciones de trabajo.
  • Defender la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo, frente a los intentos de atribuir a las empresas la capacidad de incumplir los acuerdos alcanzados de forma unilateral.
  • Defender el sistema público de pensiones como eje central de nuestro sistema de protección social, y su adecuación a la evolución social exclusivamente con acuerdo político y social.
  • Una nueva política fiscal que refuerce la estructura de ingresos del Estado, recuperando impuestos suprimidos y apostando por una mayor recaudación basada en la progresividad fiscal; a la vez que se combate con mayor determinación y medios el fraude fiscal que lastra nuestra economía, que ha alcanzado tasas que prácticamente duplican la media de la Unión Europea.
Published in: on 24/08/2010 at 7:02 PM  Comments (1)  
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