¡Cuidado con los “radicales”!

Uno lleva unos días tratando de no cabrearse, según dice cuando se llega a determinada edad conviene no alterarse demasiado, así que me he dedicado a las tareas del hogar y a las actividades que me exigí mi condición de Presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico. Tampoco me compliqué la vida con la lectura: estaba leyendo una novela que es una tontería, digo que la estaba leyendo porque la voy a dejar si acabar, y releyendo a María Zambrano (¡Qué bien escribía esta mujer!). Pero, a no ser que me vuelva aún más tonto de lo que soy, no puedo evitar volver a las andadas.

Ahora resulta que el Consejo de la Unión Europea (¡Voy a tener que embarcarme en la Balsa de Piedra de Saramago!) ha aprobado, de tapadillo y bajo Presidencia Española, un programa de vigilancia y recolección sistemática de datos personales de ciudadanos sospechosos de experimentar un proceso de “radicalización”. Este programa”, según figura en los documentos oficiales, puede dirigirse contra individuos involucrados en grupos de “extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosos o antiglobalización. O sea, que pueden considerar a cualquiera que defienda un cambio radical del sistema económico, político o social como un potencial terrorista.

Estas cosas siempre pasan bastante desapercibidas, mejor dicho, se hacen de forma que pasen desapercibidas, pero creo que merece la pena prestarles mucha atención. Más información aquí: http://www.cuartopoder.es/casidesnuda/la-ue-vigilara-a-los-ciudadanos-de-opiniones-radicales/210?#comment-150

No hay que olvidarlo: Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

Acabar con la neutralidad de la red para hacer negocio

 

“a partir del momento en que los proveedores comienzan a privilegiar determinadas aplicaciones o páginas web sobre otras, las voces pequeñas se verán excluidas, y todos perderemos. Internet es seguramente la red más abierta que hemos tenido en la historia. Tenemos que mantenerla así. “ (Barack Obama)

Parece que el Gobierno de España no está muy de acuerdo con esta frase que Barack Obama pronunció durante su campaña electoral, el Ministro de Industria apoya a las operadoras de telefonía en su intención de cobrar a los buscadores de Internet y además, aprovechando la presidencia española, va a plantear el tema en la Unión Europea.

Hasta ahora la red es un espacio neutral, un espacio en el que se puede vender, comprar, regalar, intercambiar… el único condicionante es que para acceder a él se debe pagar a quien suministra la conexión. Pero los “liberales” y los “social-liberales” parecen no estar muy de acuerdo con tanto libertinaje (¡Habrase visto!).

Detrás de la propuesta de Cesar Alierta, Vittorio Colao y Miguel Sebastián hay mucho más que un intento de ganar dinero: subyace la concepción de Internet como una propiedad particular de las compañías telefónicas y no como un espacio abierto y libre de sus usuarios.

 

Este video explica muy bien lo que supondría acabar con la neutralidad de la red: